La declaración se fundamenta en "el incremento de hostilidades, y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados" en varias regiones
Noboa, de 36 años, declaró el 9 de enero al país en un conflicto armado interno y tildó de "terroristas" a una veintena de bandas criminales que tienen vínculos con el narcotráfico. Ello le permitió desplegar a las fuerzas armadas en las prisiones, consideradas centros de operaciones del crimen organizado y escenario de cruentas masacres en las que desde 2021 han muerto unos 460 reclusos.
Para atizar su lucha, el mandatario celebró el 21 de abril una consulta popular en la que los ecuatorianos dieron luz verde a la extradición de connacionales, el aumento de penas para delitos relacionados con el crimen organizado y el uso por parte de la fuerza pública de armas incautadas en operativos, entre otros temas.
El estado de excepción en las cinco provincias se extenderá por 60 días.
Días antes de la consulta popular, fueron baleados dos alcaldes de poblados mineros del sur país, con lo que van al menos una docena de políticos asesinados desde 2023.
Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú -los mayores productores mundiales de cocaína-, dejó hace años de ser una isla de paz para convertirse en un punto estratégico para bandas ligadas al narcotráfico.
La tasa de homicidios en el país en 2023 trepó al récord de 43 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2018 era de 6, según cifras oficiales.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este martes el estado de excepción por 60 días en cinco provincias costeras del país debido al "incremento de hostilidades" del crimen organizado, que impone el terror en las calles.
La declaración se fundamenta en "el incremento de hostilidades, y la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate contra grupos armados organizados" en El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena, señala el decreto difundido en el portal de la presidencia.
El documento agrega que en esas provincias se suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio, lo que permitirá a las fuerzas armadas y policía realizar inspecciones, allanamientos y requisas con miras a capturar "personas pertenecientes a los grupos armados organizados".
